La convocatoria de elecciones no paraliza la actividad institucional ni obliga a suspender todos los actos públicos, pero sí exige revisar cómo se organizan, quién interviene, qué se comunica y qué protagonismo se concede a las autoridades.
Hoy, 13 de noviembre, España entra oficialmente en campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Comienzan quince días de actividad política y movilización de los partidos, pero también un periodo que requiere especial atención por parte de quienes trabajamos en protocolo, comunicación institucional y organización de eventos.
¿Qué actos se pueden celebrar? ¿Qué ocurre con las inauguraciones? ¿Pueden las autoridades asistir a congresos, ferias o acontecimientos culturales? ¿Y qué sucede cuando una empresa o entidad privada invita a un representante público a participar en su evento?
Son preguntas que generan incertidumbre cada vez que se convoca un proceso electoral.
Durante mis ocho años al frente del Gabinete de Protocolo del Ayuntamiento de Elche (2015-2023), tuve la oportunidad de vivir dos legislaturas y afrontar distintos procesos electorales desde la gestión institucional. Sé bien que estos periodos exigen revisar agendas, adaptar programas, coordinar departamentos y, sobre todo, interpretar correctamente una normativa que condiciona determinados actos, pero que no paraliza la actividad pública.
Y esta cuestión no afecta únicamente a los profesionales de las administraciones públicas. También interpela a empresas, asociaciones, fundaciones y entidades privadas que organizan eventos y pueden contar con la presencia de autoridades entre sus invitados.
Por eso, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, quiero repasar algunas de las principales claves que debemos conocer.
- Periodo electoral y campaña electoral: no son lo mismo
Es importante comenzar por una distinción fundamental.
El periodo electoral comienza con la publicación de la convocatoria de elecciones en el Boletín Oficial del Estado y se prolonga hasta la jornada de votación. En cambio, la campaña electoral tiene una duración de quince días.
En las elecciones generales de 2026, el calendario es el siguiente:
| 6 de octubre | Publicación del Real Decreto 806/ 2026 y comienzo del periodo electoral |
| 13 de noviembre | Inicio de la Campaña Electoral |
| 27 de noviembre | Finalización de la Campaña Electoral |
| 28 de noviembre | Jornada de reflexión |
| 29 de noviembre | Jornada electoral |
| 23 de diciembre | Constitución de las nuevas Cortes Generales |
Por tanto, las restricciones relativas a determinados actos institucionales están vigentes desde el 6 de octubre, no desde el comienzo de la campaña.
- ¿Qué actos institucionales no se pueden realizar?
La principal referencia normativa es el artículo 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
Su finalidad es garantizar la neutralidad de los poderes públicos y evitar que los recursos institucionales puedan utilizarse para influir en los electores.
Desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que:
Contenga alusiones a las realizaciones o los logros obtenidos.
Utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las empleadas en las campañas de las formaciones políticas concurrentes.
Esta limitación no afecta únicamente a los discursos de las autoridades. También debemos prestar atención a la escenografía, los vídeos, la cartelería, las publicaciones institucionales, las notas de prensa y los materiales audiovisuales.
En definitiva, no es momento de organizar actos que puedan convertirse en escaparates de la gestión de un equipo de gobierno.
- Inauguraciones: una prohibición expresa
El artículo 50.3 de la LOREG prohíbe realizar durante el periodo electoral cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos, o proyectos de estos, cualquiera que sea la denominación utilizada.
Es decir, no podemos sustituir una inauguración por una presentación, una visita institucional o una puesta de largo si la verdadera naturaleza del acto sigue siendo inaugural.
Ahora bien, existe una distinción importante: las obras y los servicios públicos sí pueden entrar en funcionamiento durante este periodo. Lo que no puede celebrarse es el correspondiente acto institucional de inauguración.
Una infraestructura puede abrir sus puertas y comenzar a prestar servicio, pero no organizarse una ceremonia institucional para ensalzar su puesta en marcha.
- ¿Se pueden celebrar congresos, ferias, festivales y otros eventos?
Sí. La convocatoria electoral no implica la suspensión generalizada de la actividad institucional, cultural, económica o social.
La Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, contempla expresamente las inauguraciones institucionales de eventos de carácter comercial, industrial, profesional, económico, cultural, deportivo o lúdico, como congresos, ferias, festivales o fiestas populares, cuando se celebran de forma regular y periódica.
Para ello, deben cumplirse determinadas condiciones:
- Que sean acontecimientos de carácter regular y periódico.
- Que no se aluda a realizaciones o logros de las autoridades intervinientes.
- Que no se induzca, directa o indirectamente, al sentido del voto.
Por tanto, pueden seguir celebrándose congresos profesionales, encuentros empresariales, acontecimientos culturales, competiciones deportivas y fiestas populares, entre otros.
La clave está en analizar la naturaleza del evento y evitar cualquier utilización de la convocatoria con fines de promoción política o institucional.
- ¿Pueden las autoridades asistir a eventos organizados por entidades privadas?
Esta es una de las cuestiones que más interesa a quienes organizamos eventos fuera del ámbito de las administraciones públicas.
Imaginemos que una empresa organiza un congreso, una asociación celebra su aniversario o una fundación presenta un proyecto y desea contar con la presencia de un alcalde, un concejal u otra autoridad.
¿Está permitido?
Con carácter general, la normativa electoral no prohíbe la asistencia de autoridades a eventos privados por el mero hecho de encontrarnos en periodo electoral.
Sin embargo, debemos analizar cada convocatoria: quién organiza y financia el acto, cuál es su finalidad, qué papel desempeña la autoridad, qué intervenciones están previstas y cómo se comunica su participación.
El carácter privado del organizador no garantiza por sí solo que cualquier actuación esté permitida.
Mi recomendación es revisar previamente el programa, los discursos, los elementos gráficos y la difusión posterior, evitando que la participación institucional pueda convertirse en un instrumento de promoción electoral.
- Comunicación institucional: también debemos revisar lo que comunicamos
Las restricciones electorales no terminan cuando finaliza el acto.
Las administraciones públicas deben evitar las campañas de promoción de sus realizaciones y logros. Esto afecta a publicaciones, vídeos, folletos, anuncios, comunicaciones electrónicas y contenidos difundidos en redes sociales.
No obstante, la normativa permite determinadas campañas institucionales destinadas a informar sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los trámites del voto por correo, siempre desde la neutralidad.
También pueden realizarse campañas informativas necesarias para salvaguardar el interés público o garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos, sin connotaciones electoralistas.
- El protocolo como herramienta de prevención y criterio profesional
En estos periodos, el trabajo de los profesionales del ámbito del protocolo oficial y la organización de eventos adquiere una especial responsabilidad.
No basta con elaborar un programa, establecer precedencias, coordinar intervenciones o gestionar la recepción de autoridades. Es necesario incorporar una revisión de la normativa electoral a la planificación de cada convocatoria.
Antes de confirmar un acto, conviene comprobar:
- Quién lo organiza y financia.
- Cuál es su naturaleza y finalidad.
- Si se trata de una actividad ordinaria o periódica.
- Qué intervenciones realizarán las autoridades.
- Qué mensajes, imágenes y elementos de comunicación se utilizarán.
- Qué protagonismo institucional se concede a los representantes públicos.
Y, ante cualquier duda, como consejo se debe solicitar asesoramiento jurídico y consultar los criterios de la Junta Electoral competente.
Conviene recordar que las Juntas Electorales no autorizan previamente todos los actos institucionales: intervienen en el marco de sus competencias a través de consultas, denuncias, reclamaciones o recursos.
Una reflexión desde la experiencia
Durante mis ocho años al frente del Gabinete de Protocolo del Ayuntamiento de Elche tuve que afrontar estos escenarios en dos legislaturas. Si algo aprendí es que los procesos electorales exigen anticipación, coordinación entre departamentos y, sobre todo, conocimiento de la normativa.
No todos los actos son iguales ni todas las convocatorias requieren la misma respuesta. En ocasiones, adaptar una intervención, revisar el planteamiento comunicativo o modificar determinados elementos del programa permite desarrollar una actividad legítima sin comprometer la neutralidad institucional.
Porque el protocolo oficial no consiste únicamente en ordenar autoridades, establecer precedencias o cuidar las formas. También implica conocer el contexto, interpretar las circunstancias y actuar con responsabilidad.
Y esto es especialmente importante para todos los profesionales que organizamos eventos desde las empresas, las asociaciones o las entidades privadas y que recibimos a representantes públicos en nuestros eventos. Aunque la responsabilidad recaería en el ámbito público un evento mal ejecutado o con carácter electoralista podría perjudicar la imagen de marca para la cual estamos trabajando.
En periodo electoral, el mejor consejo es saber anticiparse, prevenir riesgos y garantizar que la actividad institucional se desarrolle con neutralidad, transparencia y respeto a las reglas democráticas.
Las elecciones no paralizan las instituciones ni la actividad social, cultural y económica. Lo que exigen es una especial responsabilidad en la manera de comunicar, representar y organizar.
Fuentes normativas para consulta
Para quienes deseen profundizar en el marco jurídico que regula estas cuestiones, recomiendo consultar directamente las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Especialmente el artículo 50, relativo a la regulación de las campañas institucionales y los actos de inauguración durante el periodo electoral. https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/06/19/5/con
- Instrucción 2/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central. Sobre la interpretación del artículo 50 de la LOREG, los límites de las campañas institucionales y los actos de inauguración realizados por los poderes públicos en periodo electoral.
https://www.boe.es/eli/es/ins/2011/03/24/2/con
- Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. De disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2026/10/05/806
